Hace un tiempo atrás, con una mezcla de franqueza y arrogancia, la jefa de la fiscalía federal de los Estados Unidos en Puerto Rico, fiscal Rosa Emilia Rodríguez cuestionó a manera de pregunta retórica que qué nos haríamos nosotros (los puertorriqueños) si no fuese por ellos, refiriéndose al gobierno federal.
El contexto histórico de esas expresiones pareció entonces darle la razón. Después de todo, lo que conocemos como el Estado Libre Asociado de Puerto Rico se encuentra en un proceso de descomposición regresiva que ha motivado al gobierno federal de los Estados Unidos a retomar – muy discretamente, por cierto – funciones cedidas al gobierno puertorriqueño a partir del 1952. En ninguna área de nuestra vida es ello más palpable que en la seguridad pública. La quiebra económico-moral del ELA no solo delata el fracaso del gobierno puertorriqueño para garantizar la seguridad pública, sino además la preocupación de la metrópoli con los potenciales problemas en términos de estabilidad social y política que ello puede generar. El mismo sentido de preocupación que acompañó a las tropas invasoras que entraron por Guánica un 25 de julio de 1898.
El secreto de la supremacía que las expresiones de la fiscal federal ponen de manifiesto, no radica sin embargo en algún sentido mal fundado de superioridad, sino en algo más sencillo y, por lo mismo, frecuentemente obviado: quién ejerce la soberanía sobre quién. Y para comprenderlo, el caso criminal que el gobierno federal estadounidense prosigue contra Áurea Vázquez Rijos por la muerte de su esposo Adam Anhang, ofrece un ejemplo elocuente.
Cuando de procesar casos criminales se trata, las autoridades federales pueden darse el lujo de ser muy selectivas a la hora de ejercer su jurisdicción. Si se presta atención, se advertirá que los casos e investigaciones en los cuales el gobierno metropolitano corrientemente desplaza al puertorriqueño, son aquellos que cautivan la atención del público y los medios informativos: desde vice-presidentes del Senado y gobernadores de Puerto Rico; pasando por masacres que puedan remontar el repudio cultural boricua contra la pena capital; y terminando por cualquier acto delictivo lo suficientemente llamativo como para permitir al gobierno federal proseguir con su obsesiva gestión de reforzar su imagen de indispensabilidad entre los habitantes de este País.
El caso de la señora Vázquez Rijos, por ende, más tentador no podría parecer. Se trata de un proceso de alto calibre mediático, sazonado con un proverbial “¡ups!” de las autoridades boricuas al procesar y condenar por ese crimen a la persona equivocada. Una vez la Sra. Vázquez Rijos – para entonces radicada en Italia – cometió el desliz de trasladarse a España en gestiones de negocios, su arresto allí a petición de los federales pareció marcar el inicio de la crónica de una condena largamente anunciada. Al momento de redactar estas líneas, si embargo el caso del Pueblo de los Estados Unidos versus Áurea Vázquez Rijos se encuentra empantanado en un compás de espera que amenaza con poner en jaque el procesamiento de ella y otros dos co-acusados. Ahora hay que esperar a que la Sra. Vázquez Rijos de a luz, para ver lo que pasa.
La clave, por supuesto, radica en el ejercicio de la soberanía. Los Estados Unidos no pueden enviar a sus alguaciles a detener a la Sra. Vázquez Rijos a Italia o a España. Tienen que respetar a esos países soberanos. Tienen que acatar sus ordenamientos jurídicos y procesos judiciales. Tienen que pedir permiso.
Para poder hacer en otros países lo que sin obstáculos hacen en Puerto Rico, los federales tienen que buscar el apoyo y colaboración de otras soberanías. Fue así como – contando con la colaboración del gobierno Suizo – lograron el alcance necesario para procesar a altos funcionarios de la Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA), quedando dicha entidad al nivel de cualquier estado libre asociado. No fue casualidad que se catalogara esa acción contra la FIFA como un ejercicio en imperialismo por quienes se jactan de ser policías mundiales.
Mientras tanto, el respeto a la soberanía ajena tiene reducida a la fiscalía federal en Puerto Rico al mismo nivel que cualquier dependencia criolla en la periferia del imperio. Un nivel del cual es muy difícil salir, a menos que el sujeto en la mirilla responda al nombre de Manuel Antonio Noriega o Saddam Hussein.
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